La aplicación de la nueva Ley del Aborto promovida por el Gobierno de Zapatero provoca el rechazo de funcionarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud que se sienten utilizados como "instructores en procesos extrajudiciales de pena capital", según ha denunciado en un comunicado la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia.
El Servicio Andaluz de Salud es un ejemplo de incoherencia administrativa, pues en cada provincia y en cada distrito se siguen instrucciones verbales distintas:
- En Sevilla se pretende que sean funcionarios adscritos a la administración del SAS quienes diligencien las peticiones de aborto, en formularios donde no aparece el nombre de la beneficiaria, pero sí obliga a que aparezca el nombre, firma y sello del funcionario que diligencia la petición.
- Por el contrario en Granada se pretende que sean los médicos de atención primaria, o los enfermeros, Y en zonas rurales exclusivamente los médicos para preservar el anonimato de la solicitante de aborto.
- En la provincia de Málaga se trata de hacer de los enfermeros los diligenciadores de esos trámites, que son administrativos,
una función diferente de la que corresponde a los enfermeros.
Sea como sea, desde Huelva a Almería las normas de asignación de cometidos no existen, o son verbales, y ambiguas.
Ese proceder sistemático de la Junta de Andalucía de ley del aborto, deja en indefensión a los profesionales sanitarios, y a los funcionarios y trabajadores sociales, que no pueden conformar su voluntad, y les priva del derecho de recurrir si es que así lo estimaran: La Consejería de Salud esquiva materializar en nomas y órdenes a los interesados los nuevos cometidos que adquieren por aplicación de la Ley.
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