La renovada Ley del Aborto que entró en vigor el pasado 5 de julio no tiene quien la pague. Así lo ha denunciado el Consejo de Estado y se han quejado de ello las comunidades autónomas, que son a fin de cuentas las obligadas a ejecutar la norma.
El pasado lunes, LA RAZÓN adelantó que varios feudos del PP y del PSOE como Canarias, Castilla-La Mancha y Baleares habían expresado sus quejas al Ministerio de Sanidad porque no hubiera previsto fondos extra para el volumen adicional de interrupciones del embarazo que se espera.
En concreto, los responsables sanitarios de dichos territorios cifraban el coste de las intervenciones en sus comunidades en un montante global de 10 millones. Ayer, el asunto fue nuevamente puesto sobre la mesa del Interterritorial. Según recoge Ep, el titular sanitario de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata confirmó que el problema es latente y que fue incluso objeto de debate en el máximo órgano de coordinación sanitaria autonómica.
Como era previsible, en el Consejo volvió a sonar también la palabra «copago», pese a no figurar en el orden del día. Fue la consejera de Sanidad catalana, Marina Geli, la que sacó de nuevo el asunto, como ya hicieran sus compañeros de Economía en los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal. Geli se desmarcó de la línea oficial del PSOE, encarnada en Sanidad por el núcleo Jiménez-Lamata, que aboga por apurar al máximo antes de incrementar la participación del usuario en la financiación sanitaria por temor al efecto electoral. Geli esgrimió como argumento el llamado informe Vilardell, elaborado por un grupo de expertos. El documento pide actuar sobre la demanda para contener gasto.
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