La mejor forma de proteger a las menores de 16 y 17 años «es reconocer como suficiente su voluntad». Éste es uno de los principales argumentos que ha esgrimido el Gobierno para defender la constitucionalidad de su Ley del Aborto, que en estos días está en la cuerda floja, a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional. Así lo recogen las alegaciones presentadas ayer por la Abogacía del Estado, a petición del Alto Tribunal. En ellas, el Ejecutivo también aduce que «ningún precepto constitucional» se opone a establecer una edad inferior a los 18 años para decidir, sin permiso ni conocimiento de los padres, si se interrumpe un embarazo.
Se trata de un último intento del Gobierno por defender la ley estrella del Ministerio de Igualdad. Pese a que la norma entró en vigor el pasado 5 de julio, en la actualidad corre más peligro que nunca, pues el PP y el Gobierno de Navarra impugnaron gran parte de su contenido al TC, que va a tramitar los recursos con carácter urgente y podría decidir en las próximas semanas.
Pese a la mayoría progresista en el Alto Tribunal, al Ejecutivo le será difícil que su norma salga indemne de este examen. Uno de los magistrados de esta mayoría, el católico Eugeni Gay, ya se posicionó contra la ley cuando se votó su suspensión cautelar, y ahora podría inclinar la balanza. A cambio, un magistrado conservador, Vicente Conde, votó para no suspender la ley. Sin embargo, la situación no es la misma. Cuando se trató la suspensión, los magistrados se encontraron con la falta de argumentos legales para tumbar una ley orgánica. Ahora, se trata de un dictamen, y si todos los vocales conservadores y Eugeni Gay votan en contra, el Gobierno tendrá que dar marcha atrás.
Por eso la Abogacía del Estado ha puesto especial énfasis en las alegaciones. No sólo en lo que se refiere a las menores: también ha tenido que justificar el plazo de 14 semanas de aborto libre. Asegura que la jurisprudencia constitucional «no exige una garantía penal de carácter absoluto general para el nasciturus».
Europa como excusa para justificar los plazos
En las consideraciones preliminares, la Abogacía del Estado señala que la Ley del Aborto se enmarca «en el contexto de un conjunto de medidas legislativas llevadas a cabo en los últimos años en otros estados europeos». Así, indica que «la práctica totalidad de los estados del entorno adoptan un sistema que permite la interrupción del embarazo no sólo cuando concurren determinadas indicaciones sino, también, en una primera fase de la gestación». En concreto, cita a Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Francia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Dinamarca, Noruega y Suecia.
| < Prev | Próximo > |
|---|
